Código Penal y la LECrim

Propuestas de mejora del Código Penal y de la LECrim frente a los Ciberdelitos

El pasado 10 de julio el magistrado Eloy Velasco exponía en la jornada de ‘Defensa de los Estados democráticos en el ciberespacio‘ cerca de veinte propuestas de modificación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para mejorar la lucha contra el cibercrimen y/o la ciberdelincuencia.

 

¿Cuáles eran estas propuestas?

  • La creación en Europa de un Defensor del usuario de redes sociales
  • Medidas europeas contra los paraísos informáticos
  • Responsabilidad de quien por omisión no evite actuaciones delictivas ajenas con el fin de filmarlas y difundirlas en la Red

Penalizar el Tú le pegas y yo lo filmo para que luego lo mandemos y nos riamos

  • Procedimientos judiciales que permitan la retirada de contenidos nocivos o innecesarios

Páginas web que explican cómo confeccionar explosivos, cómo ser anoréxico, …

  • Definir si la prueba obtenida por un particular, vulnerando derechos fundamentales, es nula o no
  • Introducir agravantes en los ataques a infraestructuras críticas, a múltiples víctimas o dispositivos, en difundir por Internet grabaciones de contenido delictivo o la exigencia del pago en criptomonedas
  • Introducir atenuantes como la cooperación con las autoridades aportando información técnica o pruebas relevantes para desmantelar o implicar a otros en actuaciones delictivas propias o ajenas
  • Medidas cautelares como el alejamiento informático o el control mediante geolocalización
  • Definir la competencia judicial en causas transnacionales.
  • La mejora de la generación de notificaciones tecnológicas ampliándose al envío de comisiones rogatorias vía online, al establecimiento de la denuncia telemática o a la incorporación de la figura del agente colaborador con las operadoras de telecomunicaciones.
  • Tipificación del delito informático corporativo interno por la filtración de datos empresariales o el apoderamiento de datos masivos ajenos.
  • Actuaciones de mejora relativas a la introducción consciente de contenidos ilícitos en la Red, a la suplantación grave de la personalidad y al chantaje emocional informático.
  • Tipificar los delitos contra la seguridad informática, como la fabricación de programas informáticos maliciosos.

 

Situación en España: Datos estadísticos que invitan a plantear modificaciones y mejoras

  • Cada día, se producen 4.000 ciberataques
  • Se roban 5,5 millones de registros de datos
  • Se detectan 350.000 nuevos malwares
  • El 91 por ciento de las pymes españoles son atacadas
  • Hay ataques de ransomware cada siete segundos
  • El 43 por ciento de los ciberataques se dirigen a pymes. Un 60 por ciento tienen que cerrar a los seis meses por haber sufrido un ciberataque; y el 34 por ciento ceden a la ciberextorsión.
  • Es el cuarto país con las empresas más pequeñas.
  • Los costes medio por ciberataque, según cifras del Instituto Nacional de Ciberseguridad, es de 75.000 euros al año. El coste total alcanza 14.000 millones de euros al año.
  • El 70% de los casos judicializados son por causas de fraude.
  • Los riesgos que existen son la encriptación, la deep web o Internet profunda, el blanqueo de capital con criptomonedas y las guerras de desinformación con el uso de fake news.
  • El coste cibernético tiene un impacto similar e incluso superior al del narcotráfico. Llegando al billón de euros anuales. Con un beneficio estimado para los ciberdelincuentesde 120 millones de euros.

 

El Derecho plantea soluciones que den respuesta a los conflictos derivados del ciberdelito

El Derecho busca mejoras para combatir amenazas reales presentes en los numerosos ciberataques que se realizan despertando la petición medidas a introducir en nuestro ordenamiento jurídico.

Es una buena señal que actores encargados de aplicar Derecho propongan estas mejoras, manifestando una realidad en la que, de no producirse cambios, el ciberdelito y el cibercrimen juegan con mucha ventaja.

Como comentaba en un post anterior, el Derecho ha de buscar fórmulas para dar respuesta a estos conflictos modificando o creando nuevas figuras delictivas.

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Ingeniero Superior de Telecomunicaciones (UPC) y Graduado en Derecho (UOC)